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Francisco Marhuenda: “La democracia y los poderes excepcionales”

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Ha fallecido mucha gente y tenemos derecho a saber. Han pasado muchas semanas y hemos ido de ridículo en ridículo y de contradicción en contradicción

La historia del Imperio Romano, más allá de las obras de historiadores aficionados y literatos pretenciosos, es fascinante. Es cierto que la literatura ha dado buenas obras e incluso contemplo con interés algunos historiadores que se dedican a la divulgación. Mi buen amigo y tristemente desaparecido Gonzalo Anes, uno de los grandes historiadores españoles y un extraordinario director de la Academia de la Historia, cuyos pasos ha mejorado con acierto y eficacia Carmen Iglesias, detestaba a los divulgadores. Todavía recuerdo que le comenté el nombre de un conocido historiador como académico y resolvió la cuestión aduciendo que se dedicaba a la divulgación. La historia de Roma es manoseada, con más o menos acierto, pero resulta siempre muy útil, porque fue un pueblo extraordinario, que construyó un Imperio que finalizó en Occidente con la caída de Roma en el 476 y en Oriente en mi opinión más con la conquista latina de Constantinopla en 1204 que con la turca del 1453. Los bizantinos siempre se denominaron Imperio Romano de Oriente, pero también es cierto que en el período final era sobre todo helénico en un proceso que había comenzado con el Gran Cisma de 1054 que dio lugar a la Iglesia Ortodoxa.

Los romanos amaban profundamente el derecho y las instituciones públicas y privadas que organizaban su vida, pero que explican su capacidad de crear uno de los mayores imperios de la Historia. En este sentido, establecieron la dictadura como una magistratura extraordinaria suprema con «imperium maius» sobre el resto de los magistrados durante seis meses para hacer frente a un grave peligro. El dictador era nombrado por los cónsules de acuerdo con el Senado. Era el último recurso constitucional cuando el sistema dual de los cónsules era insuficiente e ineficaz, insisto, ante una cuestión grave que afectaba a la República. Esta suspensión de garantías constitucionales era posteriormente controlada para que nadie pudiera excederse. El término dictadura posteriormente se pervirtió fruto de la crisis social y política que afectó a la República dando lugar a personajes como Sila, Mario, Pompeyo y César. A pesar de ello, Roma fue capaz desde las instituciones abrir camino al régimen autoritario del Principado en la persona de Augusto que lo que realmente hizo fue acumular los diferentes cargos y que posteriormente lo hemos conocido como emperador. España vive una suspensión de garantías constitucionales a partir de la inquietante perversión de la figura del Estado de Alarma que se está empleando de una forma incorrecta, aunque el fin que se busque sea, como sucedía en Roma, hacer frente a una situación excepcional. Mientras escribo este artículo escucho las caceroladas que ayer sustituyeron en mi barrio a los aplausos. Es preocupante que aplaudamos en lugar de manifestarnos para exigir más tests, mejores condiciones laborales, salariales y de seguridad para el personal sanitario. Al igual que en Roma, cabe exigir que el Gobierno nos explique por qué han tenido que afrontar la pandemia sin medios y qué intereses hay detrás de las empresas que han sido incapaces de suministrarlos. Ha fallecido mucha gente y tenemos derecho a saber. Han pasado muchas semanas y hemos ido de ridículo en ridículo y de contradicción en contradicción.

La decisiones que afectan a nuestros derechos y libertades públicas se acuerdan a golpe de decreto u orden ministerial. Es increíble. Es cierto que tenemos el antecedente de la perversa utilización de los reales decretos ley que han pasado de un uso excepcional, como es la previsión constitucional, a ordinario otorgando un asombroso poder al Gobierno. Con la aplicación del Estado de Alarma se ha suspendido el ejercicio de derechos tan fundamentales como la libertad religiosa, de reunión, de libertad de circulación y residencia, así como se ha limitado la participación en asuntos públicos. No contentos con ello se han planteado controlar la libertad de expresión o con una interpretación fraudulenta del artículo 128, la expropiación forzosa y las nacionalizaciones de empresas. Lo que estamos viviendo es un suspensión de derechos y libertades que entra en colisión directa con el artículo 55 de la CE que prohibe expresamente que esto se produzca salvo «cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución». Me permito dedicar este artículo a una de mis más queridas amigas que ha perdido a su madre, han enfermado ocho personas de su familia y cuida a una anciana dependiente de alto riesgo sin que le hayan facilitado test. Por todo ello habrá que exigir explicaciones y responsabilidades.

Fuente: LARAZÓN.es

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